La cantera de piedra caliza de Rocky Mountain Industrials cerró cerca de Glenwood Springs, vista el 15 de enero de 2025. La minería en la cantera se detuvo el 3 de enero de 2025, con una decisión formal emitida por el Departamento del Interior de los EE. UU. Fotografía de Ginny Minch

Orden judicial desestima demanda de 2020 al tiempo que afirma argumento fundamental de GSCA y el condado de Garfield

En una acción rápida el martes 14 de enero, la jueza federal de distrito Charlotte N. Sweeney aprobó una orden propuesta presentada ese mismo día por la Alianza de Ciudadanos de Glenwood Springs para desestimar su demanda contra la Oficina de Administración de Tierras de los Estados Unidos (BLM).

La demanda, presentada en marzo de 2020, sostenía que BLM estaba permitiendo que Rocky Mountain Industrials (RMI) extrajera y vendiera piedra caliza de “variedad común” de su cantera de piedra caliza de Glenwood Springs, para usos finales como base de carreteras, escollera, polvo de roca y agregados, lo que violaba los términos del permiso federal de la empresa minera. La Junta de Comisionados del Condado de Garfield se había sumado al caso para apoyar los argumentos de Alliance.

Después de casi cinco años de idas y venidas legales, mientras la minería continuaba, El Departamento del Interior de EE. UU. emitió una decisión a RMI el 3 de enero de 2025. Detuvo la extracción de toda la piedra caliza de “variedad común” en la cantera y ordenó a RMI pagar a BLM el valor justo de mercado por toda esa roca vendida en la cantera desde 2019.

“La decisión del Departamento del Interior confirmó el argumento fundamental que nosotros y el condado de Garfield hemos estado presentando en el tribunal federal: que RMI ha estado extrayendo y vendiendo piedra caliza de nuestras tierras públicas para usos finales que no están permitidos bajo su permiso de minería federal”, dijo Jeff Peterson, presidente de la Citizens' Alliance.

La orden del juez Sweeney de desestimar el caso confirma el elemento clave de la decisión del Departamento del Interior, señalando que “prohíbe la extracción de minerales de ‘variedad común’ en la mina, en ausencia de cumplimiento con los estatutos federales y las regulaciones de permisos que rigen dichos minerales”.

Su orden también deja en claro la decisión del Departamento del Interior, calificándola de “una acción final e irreversible de la agencia y una determinación legal vinculante para el Departamento del Interior y Rocky Mountain Industrials”.

Continúa: “Por lo tanto, este tribunal considera que la decisión del Departamento del Interior del 3 de enero de 2025 resuelve las reclamaciones de GSCA y es una acción final de la agencia que satisface los requisitos de finalidad para la desestimación de este caso”.

 

Orden de desestimación del caso 2020 CV 658 de la jueza federal de distrito Charlotte N. Sweeney